CONGRESO DE LOS PUEBLOS
Propuesta de país para una vida digna
Hacia una agenda común legislativa y popular por un mandato de mandatos para los y las colombianas
Sesión de Instalación
8 – 12 de Octubre de 2010
Bogotá
El congreso de los Pueblos es un proceso de carácter social y popular que convoca todas aquellas dinámicas y procesos de pueblos, sectores y regiones que estén dispuestas a emprender una construcción legislativa común para mandatar el futuro y el presente de nuestro país, con una perspectiva latinoamericana y mundial.
En la Minga Social y Comunitaria venimos caminando la palabra, articulando y convocando las distintas maneras que el pueblo colombiano ha tenido para expresarse y organizarse como propuesta de mejor país. Reconociéndonos en esa apuesta como parte de 518 años de resistencia indígena y 200 años de lucha popular por un país donde quepamos todos y todas. Hoy llamamos a toda la sociedad colombiana a que nos hagamos presentes en la construcción del Congreso de los Pueblos para emprender la marcha comunitaria hacia la dignificación de la vida de nuestro país y nuestra gente.
Objetivos:
Buscamos evaluar y proyectar el camino andado en los procesos de articulación política y social durante las últimas dos décadas en nuestro país. Para ello nos proponemos:
1. Desarrollar las líneas temáticas que trazarán en adelante la motivación y construcción común del “El Plan de Vida Digna Nacional”.
2. Elaborar el marco de un “mandato de mandatos” que recoja los acumulados de distintos procesos regionales, sectoriales y de pueblos.
3. Construir y proponer una plataforma de movilización y acción para proyectar y asumir los próximos años de manera conjunta y con una apuesta estratégica frente al país.
4. Definir los criterios organizativos y metodológicos de la articulación social y política con todos los procesos que le apuesten a la construcción de propuesta de país.
5. Recoger y fortalecer una agenda internacional para avanzar en la integración de los pueblos.
Los ejes temáticos del Congreso de los Pueblos
La perspectiva del diálogo que proponemos, parte de las siguientes consideraciones:
- La profundidad de la crisis mundial que vivimos, expresa la crisis de la civilización occidental y, en consecuencia, la inviabilidad del capitalismo como modelo de vida
- La puesta en cuestión de toda la racionalidad que ha estructurado nuestros críticos sistemas sociales actuales
- La urgencia de un nuevo pensamiento y un nuevo ordenamiento que restablezca el equilibrio social y natural del planeta
- El paradigma de lo comunitario como visión-acción de un nuevo proyecto social: el Buen Vivir
- La negación sistemática de los poderes existentes a aceptar la necesidad de replantear el orden impuesto
- El sentido de la acción social en este momento histórico: de la exigencia de los derechos al ejercicio de los derechos, a la vida plena e integral.
El Congreso de los Pueblos debe permitirnos por lo tanto la puesta en marcha de un proyecto de país que ponga en todos los escenarios los ejes que consideramos fundamentales para una Colombia digna. Inicialmente, desde la Minga veníamos caminando en torno a cinco puntos que fueron fundamentales para hacer converger a muchos procesos sociales del país; el camino nos ha mostrado que es necesario incluir otras visiones y complementar esos puntos a la luz de una propuesta integral de país. Desde la perspectiva planteada hemos construido siete ejes temáticos que convoquen y sintonicen los acumulados de acción y pensamiento que los distintos procesos y organizaciones que nos comprometemos a tejer en Congreso de los Pueblos:
1. TIERRA, TERRITORIO Y SOBERANÍA: para dar cuenta de la construcción territorial y regional que como comunidades realizamos a diario, en una apuesta de autonomía y autodeterminación.
2. ECONOMÍA PARA LA VIDA Y CONTRA LA LEGISLACIÓN DEL DESPOJO: estamos enfrentando un modelo de producción en el cual el despojo y la desigualdad han sido la regla general. Proponemos dar cuenta de otra lógica económica posible, protagonizada por la gente.
3. CONSTRUYENDO PODER PARA EL BUEN VIVIR: la política y las dinámicas del poder entendidos como proceso y como medio para liberar las potencialidades de la vida social y natural que permita recuperar su integralidad y su armonía.
4. CULTURA, DIVERSIDAD Y ÉTICA DE LO COMÚN: dando cuenta de las múltiples maneras en las que construimos vida en común, pensándonos un país diverso.
5. VIDA, JUSTICIA Y CAMINOS PARA LA PAZ: es imposible construir un país para todos y todas sin hacer una apuesta por la paz y la justicia. La esencia del conflicto la constituye el desequilibrio social y natural que el modelo dominante ha producido, por tal razón, nuestro marco para pensar su superación no es coyuntural ni parcial, parte del carácter de la vida misma y la dimensión de sus relaciones.
6. VIOLACIÓN DE DERECHOS Y ACUERDOS INCUMPLIDOS: en todos estos siglos de camino, los acuerdos que hemos hecho con los gobiernos han sido traicionados, tergiversados, rotos e irrespetados; de la misma forma, nuestros derechos han sido sistemáticamente violados y desconocidos. Como un ejercicio de memoria que fortalezca y fundamente nuestra lucha, tenemos que dar cuenta de esta historia, de la manera como se han desconocido nuestros intereses.
7. INTEGRACIÓN DE LOS PUEBLOS Y GLOBALIZACIÓN DE LAS LUCHAS: Colombia no es nuestra frontera limitante. En América Latina y el mundo entero los pueblos vienen caminando otras visiones de mundo y de relacionamiento internacional posible que se corresponden con nuestras propias apuestas. Articularlas y proyectarlas en conjunto es nuestro reto.
Cómo llegamos a esta primera sesión del Congreso de los Pueblos:
- Desde la construcción de mandatos de pueblos, regiones, sectores y clases: hacer legislación para nuestro país requiere bases sólidas de propuesta, surgidas en la movilización, desde la experiencia de vida y lucha de los procesos. Al Congreso de los Pueblos hay que llevar los mandatos que tenemos, entendidos como acumulados de pensamiento y propuesta que son construidos de manera colectiva, tienen legitimidad social, destacan las contradicciones más importantes que afrontamos y que también desarrollen metodologías para su cumplimiento y seguimiento. Para ello necesitamos sistematizar nuestro pensamiento, nuestras palabras y recorridos de lucha (Planes de Vida, Planes de Equilibrio, Programas, Manifiestos, Plataformas, Pliegos, Conclusiones de Encuentros, Tulpas de Pensamiento, Propuestas e idearios políticos). Articulémoslos entorno a lo que nos MANDATAMOS como procesos.
- A partir de un ejercicio de encuentro y conversación con quienes quieren participar del Congreso de los Pueblos: en nuestro país son muy diversas las formas en las cuales la gente se ha dado su propia organización y lógica de lucha. Potenciar un encuentro entre ellas requiere de paciencia, de reconocimiento mutuo, de la construcción de bases éticas comunes y de sintonizar la mirada frente a las apuestas que tenemos y las maneras que tenemos para viabilizarlas. Localmente, regionalmente, nacionalmente e internacionalmente impulsaremos distintas dinámicas para encontrarnos, interlocutar y convocarnos en movilización hacia el Congreso de los Pueblos.
- Al ritmo y en medio de movilización: El Congreso de los Pueblos surge en medio y gracias a la capacidad de movilización de la gente en torno a sus luchas. En este caso, además de la concentración en Bogotá, realizaremos una serie de actos a nivel regional que permitan que el país entero esté en Congreso de los Pueblos.
- Generando comunicación efectiva, difusión y posicionamiento social de la apuesta del Congreso de los Pueblos: Esta es una propuesta para todos y todas, necesitamos que las maneras de difundirla y posicionarla sean también para todos y todas, que se sienta como parte de la vida nacional, que exista en los imaginarios de país de la gente como parte del proceso de recuperación de nuestras identidades.
Foro social Medellin:
¿Quiénes somos?
Diversas personas, comunidades, organizaciones, colectivos, redes y movimientos sociales, nos hemos articulado para visibilizar las problemáticas causadas por el neoliberalismo, el autoritarismo y la privatización; con el propósito de buscar alternativas y propuestas para transformar la situación de pobreza y exclusión social que se presenta en la ciudad de Medellín, Antioquia y Colombia.
En esta oportunidad invitamos a todos y todas a reivindicar el derecho al territorio, reflexionar sobre la dignidad y la identidad popular, avanzar en la lucha por los derechos humanos y la vida digna, así como articularnos frente a las propuestas de movilización comunitaria y popular.
Qué queremos?
- Generar una movilización popular constante, permanente, colectiva y creativa, pues nuestros problemas de pobreza vienen en buena medida del modelo neoliberal que se esta profundizando cada vez más y que como ya pasó en otros países del mundo, hay que hacerlo retroceder. La movilización es una acción que permite reivindicar derechos y acceder a ellos, en la mesa no se gana lo que no se ha protestado en la calle. Hemos avanzado en la construcción colectiva de principios para la movilización: el no protagonismo, la no institucionalización o cooptación de las movilizaciones, la diversidad cultural y sectorial, el trabajo colectivo; en últimas, un entendimiento integral de las luchas y problemáticas de las comunidades y los sectores populares.
- Articular las diversas formas de lucha en la ciudad. Los festivales comunitarios han dado el salto del escenario zonal al escenario de ciudad. Consolidar y afianzar la acción colectiva de ciudad será una apuesta constante, la cual requiere movilización permanente. Por ejemplo, la visibilización de las problemáticas desde lo artístico, desde la dinámica del carnaval popular. Con la experiencia del Foro Social confirmamos que la articulación entre las diversas organizaciones comunitarias, sociales y populares de Medellín es posible, en aras de consolidar agendas de discusión, debate y acción en la ciudad, articulando esfuerzos de trabajo entre las organizaciones y comunidades de los distintos sectores oprimidos de la ciudad.
· Avanzar en la construcción del proyecto político popular, mediante la construcción de agendas políticas comunes, recuperando propuestas y experiencias alternativas de sociedad desde los sectores populares, así como propuestas de justicia comunitaria y tratamiento colectivo de los conflictos.
- Conocer la agenda de las distintas organizaciones sociales y comunitarias por medio de la invitación y la convocatoria de las mismas a la población y a las otras organizaciones de la ciudad y la región; tener claras las actividades que impliquen la continuidad de la acción política colectiva, donde la propuesta de educación popular es muy importante.
- Construir criterios políticos de participación y representación política que permitan avanzar en la realización de acciones colectivas en la defensa de los derechos de la humanidad; retomando las asambleas barriales y los foros populares como espacios para la representación, donde las organizaciones y las personas en general tengan un papel importante para la construcción de soluciones y propuestas de desarrollo alternativo desde lo local, generando principios de confianza y solidaridad por la defensa de la ciudad para todos y todas. Las comunidades y las organizaciones sociales tenemos gran poder de acción en los contextos locales y por medio de la actitud propositiva de las mismas llegaremos a la generación de iniciativas que nos permitan transformar las distintas problemáticas que nos afectan a todos y todas.
- El saber popular y la solidaridad, nos permiten generar estrategias de acción colectiva como la convocatoria, la denuncia, la visibilización de casos significativos concretos de personas y familias, y sobre todo hacen parte de la construcción de propuestas alternativas a la politiquería tradicional. En este sentido, es indispensable retomar la propuesta de la educación popular, pues ésta se muestra cada vez mas vigente y necesaria, y es la única manera de proporcionar una formación colectiva y participativa en función de los intereses de nuestra clase social, de nuestros problemas concretos y de como solucionarlos. Además es importante para desaprender las prácticas y discursos políticos que han convertido al modelo democrático en un mercado de cargos y puestos en la institucionalidad, ignorando las necesidades de la gente.
- Consolidar espacios de empoderamiento o poder popular centrado en lo que expresan las comunidades y sus representantes, rechazando las prácticas clientelistas y corruptas de intervención de las comunidades, recuperando prácticas sociales organizativas de interés popular y colectivo, avanzando en la consolidación de autogobiernos, autonomías, decisiones políticas propias y organización comunitaria. Lo previo implica imaginar y llevar a cabo la democracia como régimen de autogobierno en el que existan para el pueblo igualdad de condiciones, esto es, igualdad en el acceso a la información, igualdad en la capacidad efectiva de juzgar, igualdad de participación del poder, en síntesis, un modo de democracia directa, donde las leyes no están separadas de quienes deben cumplirlas, donde no haya delegación sino participación directa, donde no existan gobernantes ni partidos políticos separados de las problemáticas de la sociedad.
- Darle continuidad al seguimiento de los casos y problemáticas que se evidenciaron en el marco del foro, conservando un criterio de solidaridad con los mismos e impulsando un proyecto de autogobierno. El éxito de este foro no depende de un balance que muestre el número de actividades realizadas, ni del número de personas que se movilizaron en torno a las problemáticas comunes, ni siquiera si el Estado nos escuchó o no. Por el contrario la proyección política del Foro se verá reflejada en la continuidad que pueda tener el movimiento urbano-popular, las propuestas y alternativas de transformación y resistencia, en otras palabras, el sostenimiento y el progreso diario en nuestro entendimiento de las problemáticas y fenómenos que nos afectan y en la capacidad de transformación de nuestras realidades cotidianas.
- El Foro Social es un espacio de encuentro para analizar entre todos y todas los conflictos que han causado en nuestros barrios y comunidades la imposición del modelo neoliberal, la privatización y la agudización del conflicto político y social en Colombia,invitando a nuestros amigos y amigas, familiares, vecinos y vecinas, compañeros y compañeras de trabajo, estudio o diversión a la reflexión compartida.
- El Foro Social nos debe permitir realizar mayores acciones de visibilización y acercamiento a quienes quieren cambiar la situación social pero no han estado lo suficientemente motivados, viven en contextos adversos o no tienen acercamientos a los procesos comunitarios; por tal razón es importante resaltar las propuestas para la continuidad y ampliación de la articulación y la acción colectiva.
- El Foro Social es un espacio de encuentro, reflexión, expresión y movilización entorno a las denuncias y problemáticas que nos afectan en derechos humanos como la vida, la salud, la educación, la alimentación, la vivienda, el empleo digno, el agua, los servicios públicos domiciliarios, entre otros.
- El Foro Social es un punto de llegada y de partida de múltiples reflexiones de los movimientos sociales y populares en Medellín y Colombia, que expresan la intención de transformar radicalmente la realidad excluyente; invitan a continuar la construcción del horizonte político y la reinvención de la utopía social, convocan a la resistencia y la lucha política desde la defensa de la identidad popular, los derechos humanos, el tejido social, la solidaridad y la no violencia.
Nuestras problemáticas
A continuación presentamos algunas de las problemáticas que afectan las comunidades y sectores populares de Medellín y Antioquia, identificadas en el proceso del Foro Social durante el 2008 y 2009, a través de la realización de múltiples actividades de participación, expresión y acción comunitaria.
El derecho a la vida:
Las violencias estructurales y el conflicto armado y social permanecen en la ciudad debido al fortalecimiento del proyecto autoritario de grupos paramilitares y estructuras mafiosas, así como al fracaso de las políticas de desmovilización y seguridad democrática, amenazando el derecho a la vida y generando un ambiente de terror, temor y pánico por parte de las comunidades y los sectores populares de la ciudad. De la misma manera se presenta una lucha integral por el territorio por parte de las comunidades.
El derecho a la organización y la participación comunitaria:
En buena parte de las comunidades y los sectores populares de la ciudad se presentan estructuras frágiles de organización y acción política, debido a la implementación de políticas públicas segmentadas que no abordan las problemáticas de manera integral y a la carencia de procesos de formación y acción política colectiva. Así mismo en algunos territorios donde tiene presencia la organización comunitaria, ésta se encuentra en un proceso de institucionalización de la participación comunitaria y debilitamiento de la acción colectiva popular. A su vez, en zonas específicas, la amenaza violenta al derecho a la vida ha impedido la acción comunitaria y ha exterminado iniciativas de reconstrucción del tejido social.
El derecho a la soberanía alimentaria:
El derecho a la soberanía alimentaria está siendo vulnerado debido a que falta dinero para comprar alimentos, en muchos casos no se puede comer alguna de las comidas principales y la alimentación no es de calidad, entre otros aspectos; situaciones que obligan a las personas a reinventar permanentemente alternativas para no atravesar el umbral del hambre, intentando evitar padecer enfermedades y desnutrición.
Teniendo en cuenta lo anterior, nos negamos a tener en propiedad el hambre y la degradación, y menos a dejarla como legado, por ello demandamos del Estado que garantice el derecho a la alimentación de maneras consecuentes con la dignidad humana, aplicando las políticas necesarias para su realización, apoyando el logro de una base propia de ingresos, generando planes de abastecimiento de la ciudad, fomentando el mantenimiento de la cultura alimentaria, democratizando la gestión del sistema alimentario y la gestión social del alimento, entre otras iniciativas. De la misma manera invitamos a las comunidades a fortalecer las experiencias de producción y economía solidaria, la agricultura urbana, las redes de comercio justo y los mercados no condicionados por dinero, así como a luchar contra los agroquímicos, los transgénicos, los bio-combustibles y la privatización del agua.
El derecho a la salud integral:
El derecho de las comunidades y sectores populares a la salud integral está siendo vulnerado porque el Sistema General de Seguridad Social ha profundizado las desigualdades en Salud, al establecer diferentes grupos de población de acuerdo a sus capacidades de pago.
En este contexto, las personas pobres no aseguradas y las personas del régimen subsidiado tienen mayores problemas de acceso a los servicios de salud, a los medicamentos y los programas preventivos, con consecuencias adversas para la salud. Igualmente se puede evidenciar que las personas que viven en las comunas con condiciones económicas más desfavorables, tienen así mismo, mayor frecuencia de enfermedades prevenibles y que afectan a población infantil, joven y adulta.
En Medellín, mientras se aumentó el número de personas afiliadas al Sistema de Salud en un 130% en el periodo 2004-2007, también aumentó la tasa de muertes de niños y niñas menores de 5 años por enfermedad diarreica aguda y por infecciones respiratorias, igualmente aumentó la muerte de mujeres por el embarazo y el parto, y la frecuencia de mujeres en embarazo. A la par, en las comunas más empobrecidas de la ciudad de Medellín, se presentan dificultades en el acceso al sistema de salud, baja calidad en las políticas de prevención, atención discriminante entre usuarios del sistema subsidiado y usuarios del contributivo y aumento de la desnutrición y el hambre severa, entre otras afectaciones graves, radicalizando la situación de pobreza, miseria y exclusión de los sectores y las comunidades populares de la ciudad.
Exigimos al Estado, teniendo en cuenta sus responsabilidades internacionales, que dentro el derecho a la salud garantice: acceso a servicios de salud, acceso a una alimentación esencial mínima, acceso a una vivienda con condiciones básicas y agua potable, acceso a medicamentos esenciales, distribución equitativa de los servicios de salud y programas nacionales de salud pública con participación comunitaria. Así mismo rechazamos rotundamente la mercantilización a la que ha sido sometida la salud luego de la implementación de la ley 100 en 1993, donde se generaron todas las condiciones para volver este derecho humano un negocio en el que la salud se compra y se vende de acuerdo a las leyes del mercado.
Cuando decimos que la salud es un derecho humano, quiere decir que toda persona, por el hecho de ser persona, tiene derecho a las condiciones que le permitan desarrollar su proyecto de vida y el máximo disfrute posible de su existencia sin ningún tipo de discriminación. Por lo tanto, insistimos en un cambio de modelo de salud, donde el derecho de las personas esté por encima del negocio; donde todos y todas tengamos acceso sin que nos pongan un precio. Un sistema de salud que contribuya a superar las desigualdades en vez de profundizarlas. Un sistema de salud que sea un medio de redistribución de la riqueza, y no un medio para el enriquecimiento de unos pocos. Por lo tanto insistimos en la necesidad de la organización y movilización de los sectores populares y las comunidades como el camino para hacer realidad estos sueños.
El derecho a la Vivienda Digna:
El derecho a la vivienda digna está siendo vulnerado debido a que el modelo de desarrollo implementado en la ciudad se ha caracterizado por establecer niveles de concentración de renta y de poder que generan pobreza, violencia y exclusión, contribuyendo a la aceleración de los procesos de desplazamiento intraurbano y de creciente urbanización informal, la segregación social y espacial y la privatización de los bienes comunes y del espacio público. Ello favorece la proliferación de grandes áreas urbanas en condiciones de pobreza, precariedad y vulnerabilidad en zonas de alto riesgo ambiental.
Partiendo de la idea de que el modo de vida urbano y habitacional influye sobre el modo en que establecemos vínculos con nuestros semejantes y con el territorio, exigimos del Estado, con base en los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social, el cumplimiento eficaz del derecho a una vivienda digna, el cual va más allá de la dimensión barrial y aboga por una calidad de vida a escala de ciudad. Así mismo, demandamos del gobierno nacional y local una justa distribución de la renta urbana, una democratización del acceso al suelo y a los servicios públicos, programas integrales de reubicación, regulación y mejoramiento de viviendas, dotación de equipamientos en salud, educación, abasto y recreación para nuestros barrios que garanticen el desarrollo humano, y la titulación y adjudicación de predios para acabar con la especulación e informalidad urbana con el fin de brindar seguridad jurídica.
Exhortamos a las comunidades a tomar conciencia sobre el derecho a la ciudad y el derecho a la vivienda digna, con el fin de configurar y fortalecer el movimiento urbano-popular de la ciudad de Medellín, para afianzar la lucha por unas condiciones de habitabilidad y unos gastos de vivienda acordes a los precarios ingresos de las personas de los sectores populares; igualmente para enfrentar, ante la irregularidad e informalidad de muchos de los barrios de la ciudad, los desalojos, expropiaciones y desplazamientos forzados o arbitrarios productos del conflicto social y armado y de la especulación del mercado inmobiliario.
El derecho al trabajo y el empleo digno:
El derecho al trabajo y el empleo digno está siendo vulnerado porque el modelo capitalista neoliberal ha llevado a cabo un proceso agresivo de concentración de la riqueza, privatización de los recursos y medios de producción, flexibilización y explotación de la fuerza de trabajo; radicalizando el empobrecimiento de los sectores populares y aumentando los niveles de restricción y vulneración de los derechos laborales de los trabajadores, las trabajadoras y las comunidades en general.
Lo anterior se manifiesta en la escasez de empleo, la informalidad e inestabilidad laboral, la contratación a destajo o temporal, la exclusión ya sea por niveles educativos, edad o experiencia laboral, el debilitamiento y exterminio de la organización sindical, la reducción de garantías legales para los trabajadores y las trabajadoras, la perdida de seguridad social, las jornadas extenuantes, la eliminación de políticas de bienestar en las empresas, el aumento de la explotación infantil, grosso modo, el recorte perverso de los derechos conquistados por las luchas populares.
Lo anterior se manifiesta en la escasez de empleo, la informalidad e inestabilidad laboral, la contratación a destajo o temporal, la exclusión ya sea por niveles educativos, edad o experiencia laboral, el debilitamiento y exterminio de la organización sindical, la reducción de garantías legales para los trabajadores y las trabajadoras, la perdida de seguridad social, las jornadas extenuantes, la eliminación de políticas de bienestar en las empresas, el aumento de la explotación infantil, grosso modo, el recorte perverso de los derechos conquistados por las luchas populares.
Por todo lo anterior, se hace necesario denunciar las acciones privatizadoras y criminales de las multinacionales, las empresas y el régimen político actual, movilizándonos para exigir al Estado la realización plena e integral del derecho al trabajo y el empleo digno. Igualmente, realizamos la invitación a las comunidades y los sectores populares a dar un debate político profundo sobre el modelo económico que deseamos para nuestra sociedad, fortalecer la economía y la producción solidaria, entre otras iniciativas, canalizando las inconformidades de la población y organizándonos para luchar por condiciones sociales que permitan una vida digna, no solo para nosotros sino para la comunidad en general, contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras de la ciudad y el país.
El derecho a la Educación Pública:
El derecho a la educación pública está siendo vulnerado, porque nuestros jóvenes, niños y niñas, son adoctrinados en el consumismo, no reciben una educación integral que les permita crecer como seres humanos, el Estado elude su responsabilidad para con sus ciudadanos y aplica políticas selectivas que solo ofrecen verdadera educación a las clases sociales pertenecientes a la clase política y sus amigos.
Además, en el actual contexto, el neoliberalismo disfraza sus intenciones privatizadoras con supuestas revoluciones educativas, que desmejoran nuestras escuelas, colegios y universidades y las convierten en verdaderas fábricas de autómatas, propensas a producir mano de obra barata y "calificada" para los monopolios nacionales y transnacionales que hoy se implantan en nuestro país.
Como respuesta, las organizaciones sociales, populares y comunitarias de Medellín, proponemos y construimos Escuelas Populares, retomando principios humanistas, ambientalistas y críticos, que nos permitan generar procesos de educación desde nuestros propios valores e intereses, del pueblo para el pueblo; además, insistimos en nuestra intención de alertar al resto de colombianos y colombianas, respecto a la amenaza de privatización y erradicación y criminalización de la educación pública, para que entre todos y todas generemos movilización y lucha por una educación pública, de calidad, con verdadera cobertura y al servicio de los intereses de las clases populares.
El derecho a los Servicios Públicos Domiciliarios:
El derecho a los servicios públicos domiciliarios está siendo vulnerado debido a que las lógicas del capitalismo, el neoliberalismo y la privatización, han convertido los servicios públicos domiciliarios en una mercancía a la que solo pueden acceder aquellas que personas que cuenta con ingresos económicos, así como por el evidente abandono estatal al que están sometidas las comunidades ubicadas en los barrios periféricos, quienes no cuentan con la infraestructura necesaria que les garantice el acceso a estos servicios que son esenciales para la vida digna y el bienestar general.
Por lo tanto exigimos que el Estado garantice el acceso a los servicios públicos domiciliarios a toda la población como el cumplimiento de su función social, que los reconozca como un derecho fundamental por la conexidad que tienen con la vida y la dignidad de las personas, que la falta de dinero no sea el factor excluyente para la no prestación del servicio, que las soluciones presentadas ante esta problemática no sean soluciones mediáticas o paliativas como la tarjeta prepago, sino que generen políticas públicas que busquen solucionar las causas estructurales de esta problemática como la falta de empleo y de fuentes de ingreso para la población, políticas que de igual forma viabilicen el mínimo vital de agua y energía para todos y todas, que las y los desconectados de los servicios públicos domiciliarios no sean vistos solo como la cartera morosa de las Empresas Públicas de Medellín, que solo buscan rentabilidad y ganancias como empresa y dejan de lado la función social que como empresas públicas tienen, sino como sujetos de derecho y usuarios dignos de un servicio que debe ser prestado con calidad y con la cobertura para todos y todas.
De la misma manera, invitamos a la comunidad a que se movilice y reivindique sus derechos, se tome la calle y haga visible su problemática, le haga frente y oposición a la privatización de los servicios públicos domiciliarios, que no se sienta ni se reconozca como cliente sino como usuarios dignos de un servicio público, como ciudadanos y ciudadanas, exigiendo y reconociendo los derechos propios que garantizan el bienestar y la calidad de vida.
El derecho al Agua:
En cuanto al derecho fundamental al AGUA la Asamblea Departamental declaró cada vez que los intereses del capital hacen de los derechos y de los bienes básicos para la vida, lugares de compra y venta, nuestros pueblos tienen que organizarse para hacer de esos derechos mercadeados, lugares de pacto político. Con el AGUA ya ha sucedido: los intereses privados nacionales y transnacionales han hecho de ella un objeto de mercado, de compra y venta y ganancia hasta el infinito. Por eso el pueblo antioqueño ha hecho del AGUA un lugar, una causa y una razón de trabajo político serio, bien pensado, estudiado, pactado y organizado.
Por lo tanto respaldamos en su integridad el espíritu del referendo por el cual hemos firmado. De la misma manera, teniendo en cuenta el Pacto político por la defensa del agua como derecho fundamental y bien público invitamos a los sectores populares y la comunidad en general a Impulsar políticas de protección especial a los ecosistemas esenciales para el ciclo hidrológico de cuencas y microcuencas; defender las empresas municipales de servicios públicos como parte constitutiva de la autonomía municipal y la descentralización administrativa y promover la asociatividad entre entes municipales para la prestación del servicio del agua; proteger el agua en todas sus manifestaciones por ser un líquido indispensable para la vida; promover el consumo de agua de grifo en las municipalidades donde se cuenta con agua potable; fortalecer y apoyar los acueductos veredales y comunitarios como sector social de gestión pública del agua en Colombia; impulsar la destinación de recursos para garantizar que no haya desconectados y fortalecer las comunidades organizadas que prestan el servicio de agua; velar por el cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales que prohíben la desconexión a la población especialmente protegida; avanzar en una política pública que permita la garantía de un mínimo vital gratuito de agua a todos y todas las habitantes de los diferentes municipios sin distinción alguna.
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