(Reproducimos documento borrador de la asociación de profesores de la UdeA.)
En la Federación Nacional de Profesores Universitarios desde el año pasado se venían presentando los casos de cinco universidades que estaban en situación de quiebra por falta de recursos: U. de Pamplona (con paro cívico municipal por una mejor financiación), UPTC de Tunja (con marcha desde Tunja hasta Bogotá por el mismo problema), U. del Atlántico (sometida a la Ley 550 de quiebras), U. del Valle y UTCh. Se hablaba de casos difíciles en otra decena de universidades.
Los rectores de las universidades agrupados en el Consejo Nacional de Rectores contrataron un estudio que demostró el desfinanciamiento y déficit acumulado de ellas que sobrepasaba los $158.000 millones. Con el estudio en mano se reunieron en la Casa de Nariño el 10 de diciembre de 2008 con el presidente Álvaro Uribe Vélez quien les prometió que en el presupuesto para la vigencia del año 1010 el rubro de educación superior se incrementaría por encima del IPC para resolver la situación. Pasaron los meses, se presentó el proyecto de ley de presupuesto y Uribe incumplió su compromiso.
Ante esta incumplimiento, los rectores de las 32 universidades públicas aprobaron el 15 de septiembre, y publicaron el domingo siguiente en El Tiempo y El Espectador, una carta abierta al Gobierno Nacional y al Congreso de la República, donde denunciaban la situación de desfinanciamiento de las universidades fruto de la congelación del presupuesto desde 1992 derivado de la Ley 30 expedida a finales de ese año.
Solicitan que el presupuesto universitario se incremente en un 12,8% respecto al año anterior por los tres siguientes rubros: IPC estimado 4%, reajuste año 2008 del 3.3%, y una solicitud compensación de sobrecostos acumulados del 5.5%. Nada ha dicho el gobierno hasta ahora.
Sostienen los rectores que el desfinanciamiento es producto de una serie decretos, leyes y sentencias producidas por el gobierno nacional y las grandes cortes de la República desde 1993, que han significado erogaciones asociadas a ellas y las cuales nunca establecieron una fuente de recursos para su cumplimiento, teniendo las universidades la obligación de cumplir debilitando grandemente sus finanzas.
Estas nuevas obligaciones son: pago de la producción intelectual, descuento de matrículas por participación en elecciones, acreditación de programas e instituciones, comisiones de estudio de los docentes, regionalización, pasivo pensional, obras físicas, sistematización.
Pago de la producción intelectual: los pagos por la producción intelectual fruto de los Decretos 1444 (inicialmente para la Universidad Nacional, luego extendida a todo el profesorado nacional) y el 1279, ya sea en salario o en bonificación los vienen cubriendo las universidades porque el gobierno no asignó ninguna partida para cubrir esta relativas mejoras salariales. La Federación y Aspu han estimado este sobrecosto para las universidades en un 23% de sus presupuestos, lo que sobre la base de dos billones significa o equivale a unos $ 460.000 millones acumulados desde que empezó su vigencia.
Descuento del 10% del valor de las matrículas por la participación en elecciones. Si un estudiante vota adquiere, por ley, el derecho a un 10% de descuento en el valor de su matrícula. Las universidades otorgan este estímulo pero el gobierno nunca asignó alguna partida para cubrir este faltante en los ingresos. No se tiene estudio sobre su monto pero Fenalprou estima que luego de 15 años de aplicación es significativo.
Acreditación de programas e instituciones. Estableció inicialmente la Ley 30/92 y posteriormente los Decretos 2566/03 y 1188/09, la acreditación de programas académicos en primera instancia y de la institución de educación superior en su conjunto, con el fin de garantizar al público la idoneidad de dicha institución para brindar ese o esos programas de educación superior. Para ello estableció un procedimiento exigente y arduo que implica asignar recursos, personas y tiempos largos a las etapas de autodiagnóstico, la visita de pares, los planes de mejoramiento y demás, pero todo ello cubierto por la misma entidad sin recibir recursos gubernamentales para ello. Esta otra erogación es altísima y contribuye a aumentar el déficit de las universidades.
Comisiones de estudio de los docentes: establecen los decretos anteriores para la acreditación la existencia de unos mínimos de docentes con títulos de maestría y doctorado. Esto obligó a las universidades a asignar unos recursos que no tenían para la formación de magísteres y doctores. En el caso de la Universidad de Antioquia, actualmente hay 211 comisiones de estudio que significan 422 salarios, 211 para los comisionados y 211 para los ocasionales que entran a reemplazarlos. Tampoco el gobierno asignó nada para este rubro de capacitación.
Regionalización: Una tendencia iniciada con los planes de apertura económica, y la correspondiente apertura educativa, en los inicios de la década de los noventa y ratificada en el Plan Decenal de Educación en el 96, fue la ampliación de la cobertura de la educación a todo nivel. No se ofrecieron nuevos recursos para esta ampliación sino que se fue presionando a las universidades (y a los colegios y escuelas) a simplemente ejecutarla o sufrir el rigor oficial. Desde el año 2002 con la llegada del presidente Uribe Vélez y sus planes de Revolución Educativa y el nuevo Plan Decenal de la Educación, la ampliación de cobertura se volvió su bandera principal. El hecho concreto es el gigantesco aumento de la matrícula en las universidades públicas que pasaron de 212.053 estudiantes en 1995 a 775.787 en 2008, un incremento del 266 por ciento, sin un solo peso adicional de recursos para tamaña hazaña. Derivado de esta política de la revolución educativa, las universidades fueron estimuladas (u obligadas) a expandirse a las regiones de sus respectivos departamentos creando sedes nuevas con los costos de compras de terrenos, edificación y dotación de equipos de oficina, laboratorios y docentes, todo lo cual recae sobre la misma universidad. Algunos apoyos se logran de los municipios o departamentos beneficiados pero el grueso del esfuerzo ha recaído sobre las universidades. La revolución educativa no asignó ningún recurso para esta ampliación de cobertura sino que recortó las transferencias en el caso de la educación básica. En la Universidad de Antioquia el esfuerzo ha sido grande: hoy posee nueve sedes regionales y desde 1995 a hoy pasó de 18.000 estudiantes a 33.000 con el mismo presupuesto y los mismos docentes.
Pasivo pensional: No satisfecho con los anteriores recortes presupuestales, el gobierno de Uribe Vélez impone una nueva contribución a las universidades públicas, que desde que se decretó la Ley 100/93 nunca se había definido para ellas. La Ley del Plan Nacional de Desarrollo del año 2006, obligó a las universidades a concurrir para el pago de los pasivos pensionales. Al día de hoy hay cuatro Acuerdos de Concurrencia que obligan a las universidades a aportar así: U. del Valle (70% Nación, 10% Departamento, 20% Universidad), UIS (84%, 6,7%, 9.3%), UdeA (79%, 10%,11%) y U del Atlántico (11%, 10%, 79% y la quebró). Las universidades deben responder con su propio patrimonio lo que hasta ahora ha sido una responsabilidad del Estado. Ese monto no obedece a imprevisión de universidades sino a la ausencia de reglas claras en materia de pensiones. Cualquier contribución, por pequeña que sea, irá en detrimento de las actividades académicas. El gobierno estima que las apropiaciones deducibles para el pasivo pensional deben estar entre el 12% y el 18% de los aportes estatales. Además ha divulgado que solo concurre para las obligaciones anteriores a diciembre de 1993, dejando todo el pasivo posterior, desde 1993 a hoy, a las universidades. Todo esto está en discusión y negociación, pues la ley reglamentaria expedida por el gobierno no ha contado con la aceptación e implementación por parte de las universidades, hablándose de una nueva ley que defina este ataque a las finanzas universitarias.
Obras físicas: el incremento de cobertura con el hacinamiento producido y la antigüedad de las ciudadelas universitarias obligó a las universidades a modernizar y ampliar su plantas físicas, tal y como lo ha hecho la Universidad de Antioquia con la modernización de las redes de acueducto, alcantarillado, eléctricas y la construcción o ampliación de sus instalaciones, caso de la ciudadela de Robledo. Presupuestalmente tampoco hay ningún aporte de la Nación para estas obras lo que aumenta el déficit.
Sistematización: En el año 1992 apenas estaban apareciendo los computadores personales, no se conocía la red Internet. Para estar al día las universidades han debido dedicar ingentes recursos a la dotación de computadores, contratar especialistas e instalar eficientemente las páginas web y las redes de computadores con un costo altísimo. Tampoco el gobierno nacional aportó recursos para esta actualización. Como vemos con los anteriores rubros, que no son la totalidad, son muchas las nuevas obligaciones impuestas por el Estado que las universidades han asumido desde 1993 con un presupuesto que se ha mantenido congelado. Sus reclamos y peticiones son justas. Los universitarios debemos apoyar este gesto único en las últimas décadas de presenciar a los rectores de todas las universidades públicas solicitando recursos adicionales al gobierno nacional vía presupuesto para poder desarrollar mínimamente los desafíos que hoy encaran. Están en la práctica luchando por hacer realidad la consigna de “Por la financiación estatal adecuada y oportuna”.
JORGE ARISTIZÁBAL OSSA
Secretario - Asoprudea
Documentos Complementarios:
Decreto ECAES
Ley 1324 de 2009
Ley 1188 de 2008
Revisión de la financiación con recursos de la nación para las universidades públicas
(Reproducimos documento borrador de la asociación de profesores de la UdeA.)
En la Federación Nacional de Profesores Universitarios desde el año pasado se venían presentando los casos de cinco universidades que estaban en situación de quiebra por falta de recursos: U. de Pamplona (con paro cívico municipal por una mejor financiación), UPTC de Tunja (con marcha desde Tunja hasta Bogotá por el mismo problema), U. del Atlántico (sometida a la Ley 550 de quiebras), U. del Valle y UTCh. Se hablaba de casos difíciles en otra decena de universidades.
Los rectores de las universidades agrupados en el Consejo Nacional de Rectores contrataron un estudio que demostró el desfinanciamiento y déficit acumulado de ellas que sobrepasaba los $158.000 millones. Con el estudio en mano se reunieron en la Casa de Nariño el 10 de diciembre de 2008 con el presidente Álvaro Uribe Vélez quien les prometió que en el presupuesto para la vigencia del año 1010 el rubro de educación superior se incrementaría por encima del IPC para resolver la situación. Pasaron los meses, se presentó el proyecto de ley de presupuesto y Uribe incumplió su compromiso.
Ante esta incumplimiento, los rectores de las 32 universidades públicas aprobaron el 15 de septiembre, y publicaron el domingo siguiente en El Tiempo y El Espectador, una carta abierta al Gobierno Nacional y al Congreso de la República, donde denunciaban la situación de desfinanciamiento de las universidades fruto de la congelación del presupuesto desde 1992 derivado de la Ley 30 expedida a finales de ese año.
Solicitan que el presupuesto universitario se incremente en un 12,8% respecto al año anterior por los tres siguientes rubros: IPC estimado 4%, reajuste año 2008 del 3.3%, y una solicitud compensación de sobrecostos acumulados del 5.5%. Nada ha dicho el gobierno hasta ahora.
Sostienen los rectores que el desfinanciamiento es producto de una serie decretos, leyes y sentencias producidas por el gobierno nacional y las grandes cortes de la República desde 1993, que han significado erogaciones asociadas a ellas y las cuales nunca establecieron una fuente de recursos para su cumplimiento, teniendo las universidades la obligación de cumplir debilitando grandemente sus finanzas.
Estas nuevas obligaciones son: pago de la producción intelectual, descuento de matrículas por participación en elecciones, acreditación de programas e instituciones, comisiones de estudio de los docentes, regionalización, pasivo pensional, obras físicas, sistematización.
Pago de la producción intelectual: los pagos por la producción intelectual fruto de los Decretos 1444 (inicialmente para la Universidad Nacional, luego extendida a todo el profesorado nacional) y el 1279, ya sea en salario o en bonificación los vienen cubriendo las universidades porque el gobierno no asignó ninguna partida para cubrir esta relativas mejoras salariales. La Federación y Aspu han estimado este sobrecosto para las universidades en un 23% de sus presupuestos, lo que sobre la base de dos billones significa o equivale a unos $ 460.000 millones acumulados desde que empezó su vigencia.
Descuento del 10% del valor de las matrículas por la participación en elecciones. Si un estudiante vota adquiere, por ley, el derecho a un 10% de descuento en el valor de su matrícula. Las universidades otorgan este estímulo pero el gobierno nunca asignó alguna partida para cubrir este faltante en los ingresos. No se tiene estudio sobre su monto pero Fenalprou estima que luego de 15 años de aplicación es significativo.
Acreditación de programas e instituciones. Estableció inicialmente la Ley 30/92 y posteriormente los Decretos 2566/03 y 1188/09, la acreditación de programas académicos en primera instancia y de la institución de educación superior en su conjunto, con el fin de garantizar al público la idoneidad de dicha institución para brindar ese o esos programas de educación superior. Para ello estableció un procedimiento exigente y arduo que implica asignar recursos, personas y tiempos largos a las etapas de autodiagnóstico, la visita de pares, los planes de mejoramiento y demás, pero todo ello cubierto por la misma entidad sin recibir recursos gubernamentales para ello. Esta otra erogación es altísima y contribuye a aumentar el déficit de las universidades.
Comisiones de estudio de los docentes: establecen los decretos anteriores para la acreditación la existencia de unos mínimos de docentes con títulos de maestría y doctorado. Esto obligó a las universidades a asignar unos recursos que no tenían para la formación de magísteres y doctores. En el caso de la Universidad de Antioquia, actualmente hay 211 comisiones de estudio que significan 422 salarios, 211 para los comisionados y 211 para los ocasionales que entran a reemplazarlos. Tampoco el gobierno asignó nada para este rubro de capacitación.
Regionalización: Una tendencia iniciada con los planes de apertura económica, y la correspondiente apertura educativa, en los inicios de la década de los noventa y ratificada en el Plan Decenal de Educación en el 96, fue la ampliación de la cobertura de la educación a todo nivel. No se ofrecieron nuevos recursos para esta ampliación sino que se fue presionando a las universidades (y a los colegios y escuelas) a simplemente ejecutarla o sufrir el rigor oficial. Desde el año 2002 con la llegada del presidente Uribe Vélez y sus planes de Revolución Educativa y el nuevo Plan Decenal de la Educación, la ampliación de cobertura se volvió su bandera principal. El hecho concreto es el gigantesco aumento de la matrícula en las universidades públicas que pasaron de 212.053 estudiantes en 1995 a 775.787 en 2008, un incremento del 266 por ciento, sin un solo peso adicional de recursos para tamaña hazaña. Derivado de esta política de la revolución educativa, las universidades fueron estimuladas (u obligadas) a expandirse a las regiones de sus respectivos departamentos creando sedes nuevas con los costos de compras de terrenos, edificación y dotación de equipos de oficina, laboratorios y docentes, todo lo cual recae sobre la misma universidad. Algunos apoyos se logran de los municipios o departamentos beneficiados pero el grueso del esfuerzo ha recaído sobre las universidades. La revolución educativa no asignó ningún recurso para esta ampliación de cobertura sino que recortó las transferencias en el caso de la educación básica. En la Universidad de Antioquia el esfuerzo ha sido grande: hoy posee nueve sedes regionales y desde 1995 a hoy pasó de 18.000 estudiantes a 33.000 con el mismo presupuesto y los mismos docentes.
Pasivo pensional: No satisfecho con los anteriores recortes presupuestales, el gobierno de Uribe Vélez impone una nueva contribución a las universidades públicas, que desde que se decretó la Ley 100/93 nunca se había definido para ellas. La Ley del Plan Nacional de Desarrollo del año 2006, obligó a las universidades a concurrir para el pago de los pasivos pensionales. Al día de hoy hay cuatro Acuerdos de Concurrencia que obligan a las universidades a aportar así: U. del Valle (70% Nación, 10% Departamento, 20% Universidad), UIS (84%, 6,7%, 9.3%), UdeA (79%, 10%,11%) y U del Atlántico (11%, 10%, 79% y la quebró). Las universidades deben responder con su propio patrimonio lo que hasta ahora ha sido una responsabilidad del Estado. Ese monto no obedece a imprevisión de universidades sino a la ausencia de reglas claras en materia de pensiones. Cualquier contribución, por pequeña que sea, irá en detrimento de las actividades académicas. El gobierno estima que las apropiaciones deducibles para el pasivo pensional deben estar entre el 12% y el 18% de los aportes estatales. Además ha divulgado que solo concurre para las obligaciones anteriores a diciembre de 1993, dejando todo el pasivo posterior, desde 1993 a hoy, a las universidades. Todo esto está en discusión y negociación, pues la ley reglamentaria expedida por el gobierno no ha contado con la aceptación e implementación por parte de las universidades, hablándose de una nueva ley que defina este ataque a las finanzas universitarias.
Obras físicas: el incremento de cobertura con el hacinamiento producido y la antigüedad de las ciudadelas universitarias obligó a las universidades a modernizar y ampliar su plantas físicas, tal y como lo ha hecho la Universidad de Antioquia con la modernización de las redes de acueducto, alcantarillado, eléctricas y la construcción o ampliación de sus instalaciones, caso de la ciudadela de Robledo. Presupuestalmente tampoco hay ningún aporte de la Nación para estas obras lo que aumenta el déficit.
Sistematización: En el año 1992 apenas estaban apareciendo los computadores personales, no se conocía la red Internet. Para estar al día las universidades han debido dedicar ingentes recursos a la dotación de computadores, contratar especialistas e instalar eficientemente las páginas web y las redes de computadores con un costo altísimo. Tampoco el gobierno nacional aportó recursos para esta actualización. Como vemos con los anteriores rubros, que no son la totalidad, son muchas las nuevas obligaciones impuestas por el Estado que las universidades han asumido desde 1993 con un presupuesto que se ha mantenido congelado. Sus reclamos y peticiones son justas. Los universitarios debemos apoyar este gesto único en las últimas décadas de presenciar a los rectores de todas las universidades públicas solicitando recursos adicionales al gobierno nacional vía presupuesto para poder desarrollar mínimamente los desafíos que hoy encaran. Están en la práctica luchando por hacer realidad la consigna de “Por la financiación estatal adecuada y oportuna”.
JORGE ARISTIZÁBAL OSSA
Secretario - Asoprudea
Documentos Complementarios:
Decreto ECAES
Ley 1324 de 2009
Ley 1188 de 2008
Revisión de la financiación con recursos de la nación para las universidades públicas
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